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El gobierno de México tiene una política de “no reconocer” a los miles de cristianos evangélicos obligados a abandonar sus hogares por causa de sus creencias, de acuerdo con un activista de derechos humanos.
Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, acusó al gobierno de “maquillar las cifras” de personas desplazadas por la fuerza, cuando dejaron la Iglesia “tradicionalista”, que combina aspectos del paganismo indígena y el catolicismo popular.
Dijo que la escala del problema es difícil de calibrar. “Desafortunadamente, no hay registros de qué podemos utilizar para contar oficialmente el número de casos debido a que el estado mexicano nunca ha reconocido el problema del desplazamiento forzado interno,” dijo.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental, se llevaron a cabo más de 287.000 casos de desplazamientos forzados internos en los últimos cinco años. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditada por la ONU sitúa la cifra en alrededor de 35.000.
Faro rebate ambas figuras. “Hay algunos que hablan de más de un millón de personas”, dijo. “Por el momento, lo que sabemos con certeza se obtiene que el número más bajo es siempre el oficial. Muchas familias tienen que salir de sus casas y nadie viene a contarlos”, agregó.
Las presiones que enfrentan los cristianos evangélicos son más comunes en las comunidades indígenas, debido a la percepción de que están perturbando la vida cultural.
En junio, más de 100 cristianos evangélicos fueron presionados por la autoridad local a abandonar su pueblo por no tomar parte en las fiestas locales.
No existe una ley nacional en materia de desplazamiento forzado interno, porque el estado no quiere reconocer que hay un problema, expresó Faro.
Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, acusó al gobierno de “maquillar las cifras” de personas desplazadas por la fuerza, cuando dejaron la Iglesia “tradicionalista”, que combina aspectos del paganismo indígena y el catolicismo popular.
Dijo que la escala del problema es difícil de calibrar. “Desafortunadamente, no hay registros de qué podemos utilizar para contar oficialmente el número de casos debido a que el estado mexicano nunca ha reconocido el problema del desplazamiento forzado interno,” dijo.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental, se llevaron a cabo más de 287.000 casos de desplazamientos forzados internos en los últimos cinco años. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditada por la ONU sitúa la cifra en alrededor de 35.000.
Faro rebate ambas figuras. “Hay algunos que hablan de más de un millón de personas”, dijo. “Por el momento, lo que sabemos con certeza se obtiene que el número más bajo es siempre el oficial. Muchas familias tienen que salir de sus casas y nadie viene a contarlos”, agregó.
Las presiones que enfrentan los cristianos evangélicos son más comunes en las comunidades indígenas, debido a la percepción de que están perturbando la vida cultural.
En junio, más de 100 cristianos evangélicos fueron presionados por la autoridad local a abandonar su pueblo por no tomar parte en las fiestas locales.
No existe una ley nacional en materia de desplazamiento forzado interno, porque el estado no quiere reconocer que hay un problema, expresó Faro.
Cristiano Hoy.
